El gobierno aprueba el “Informe Progreso 2020” sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible comprometidos en la Agenda 2030 en España. Se trata del compromiso del país para acometer la resolución de Naciones Unidas que se propuso hace 5 años. La fecha límite es dentro de 10 años.
El informe consta de varios capítulos en los que se explican: el diagnóstico de la situación de España en las dimensiones sociales y medioambientales; los logros y desarrollos realizados, los compromisos para hacer realidad la agenda 2030 y esto a distintos niveles: desde el Gobierno, Comunidades Autónomas y también los actores no gubernamentales y por último las conclusiones que resumen como: “una década para cambiarlo todo: cuidar de las personas y del planeta reconstruyendo lo común”.
Debido al momento histórico, este informe incluye la crisis de la COVID-19, que viene a sumarse a otros retos cruciales. La pandemia “ha generado una crisis sanitaria, económica y social de graves consecuencias para la ciudadanía española y aún hoy es posible que no podamos percibir sus efectos en su totalidad”.
Entre las medidas propuestas en el informe están: la alineación presupuestaria entre el compromiso económico con las políticas de desarrollo sostenible y la alineación de la compra pública entre el compromiso con el medio ambiente y la sociedad civil y también los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de la Agenda 2030.
Por último, para poder alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, se establece como fundamental la aportación de todos los actores: “desde las comunidades autónomas y entidades locales hasta los colectivos de la sociedad civil, el sector público y privado, la academia y todos los expertos”.
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